Convergencia de recuperación: Transición a la democracia y adhesión a las Comunidades Europeas (1975-1986)

De la transición democrática a la adhesión de España a las Comunidades Europeas (1975-1985)

Juan Carlos Pereira


La transición democrática que se inició en 1975 —aunque no todos los autores así lo consideran— tuvo un objetivo central: pasar del régimen autoritario franquista a una España democrática, en paz, sin ruptura y de la forma más consensuada posible. Desde el punto de vista interno, para algunos autores estos logros se consiguieron en diciembre de 1978 con la aprobación de la Constitución; el 23 de febrero de 1981 con el fracaso del golpe de Estado que indicaba la consolidación de nuestra joven democracia; en octubre de 1982 con el triunfo electoral del PSOE y la formación del primer Gobierno íntegramente socialista de nuestra historia contemporánea o incluso se lleva hasta enero de 1986 con el ingreso en las Comunidades Europeas, —en definitiva, nuestra normalización con Europa y los europeos—.


Hay también una perspectiva exterior de la transición política interna. No olvidemos que como demuestra la transitología y los estudios comparados —especialmente desde las revoluciones de 1989 en la Europa Central y Oriental—, en cualquier proceso de transición el factor internacional ha de tenerse muy presente para conocer tanto el proceso como los resultados del mismo. Un factor que ha de entenderse de dos formas: la influencia del factor internacional hacia el interior o, lo que es lo mismo, cómo el sistema internacional, sus actores y organizaciones internacionales o trasnacionales influyen, condicionan, determinan el proceso interno de transición; por otra parte, la influencia del factor internacional hacia el exterior, es decir, de qué manera el Estado que lleva a cabo una transición política en el interior ha de hacer también una transición en su política exterior, desde una acción exterior de corte autoritario o no democrática, a una política exterior democrática en los procesos de decisión, ejecución y control. Europa, representada especialmente por la Comunidad Europea, iba a ser objetivo preferente para los nuevos dirigentes españoles.


Existe un consenso generalizado en afirmar que Europa y la integración en la Comunidad, jugaron un papel central, decisivo, en el proceso de transición y consolidación democrática español. Ese papel se puede observar en seis ámbitos diferentes:


a) contribuyó a reforzar la legitimidad de la democracia tal y como se practicaba en Europa Occidental a ojos de las elites y de la opinión pública española,

b) permitió el consenso entre todas las fuerzas políticas democráticas ante la adhesión a la Comunidad Europea, que fue interpretada como una garantía indispensable para la joven democracia española,

c) funcionó como amortiguador de la cuestión nacional-regional, dado que las expectativas por integrarse en Europa ayudaron a modular el enfrentamiento entre el Estado central y las nacionalidades históricas, favoreciendo el desarrollo del Estado de las Autonomías,

d) transformó radicalmente la realidad social española a través de una modernización esperada —sin precedentes en la cultura política española—,

e) facilitó la adaptación de las estructuras financieras, empresariales y productivas ante el reto de la integración, que exigía modernización, apertura, competitividad y riesgo,

f) permitió resolver, por último, una antigua y fundamental cuestión de nuestra política exterior: la definición de la posición internacional de España en el mundo.


En efecto, una España necesitada de la ruptura con su más reciente pasado histórico, encontrará en Europa la imagen del desarrollo y el bienestar truncados por la crisis económica; la vía para la consolidación de la democracia y la libertad; el modelo de democracia avanzada y progresista que la sociedad demandaba y el medio para integrarse plenamente en la sociedad internacional.


Europa se observa como el punto de referencia hacia el que hay que dirigirse para apoyar de forma firme el cambio político, transformándose en un elemento esencial de la cultura democrática en construcción y opera como factor aglutinante de la clase política para la vuelta a la democracia, aunque no exento de tensiones y dificultades. Europa alcanza en este momento su punto máximo como modelo y mito en la formación del sistema de convivencia democrática de los españoles. Ser admitidos, homologados por Europa, se constituye en bandera de socialización política en la naciente democracia. El vehículo de tal homologación pasaría, evidentemente, por el ingreso en las organizaciones supranacionales europeas.


En consecuencia, la España democrática va a emprender rápidamente una tarea de integración y homologación con el entorno europeo en los planos político-institucional, militar, económico, social y educativo, como ejes de una línea de actuación prioritaria dirigida a la integración en las instituciones europeas: Consejo de Europa en 1977, OTAN en 1982, Comunidad Europea en 1986 y Unión Europea Occidental en 1989.


No obstante, el ingreso en la Comunidad Europea fue el gran reto y principal objetivo exterior de la España de la Transición. Una proyección consensuada con todas las fuerzas políticas y en donde los diferentes Gobiernos encontraron el respaldo unánime de la opinión pública, sectores sociales y grupos ciudadanos. Europa —Europa occidental— constituía una aspiración compartida por toda la sociedad. La integración en las instituciones europeas suponía tanto normalizar la presencia de España en su marco natural como su homologación democrática, el aval internacional al proceso de cambio interno. De hecho, el ingreso en la Comunidad marca el final de la transición desde la perspectiva internacional.

Los inicios del acercamiento a Europa resultaron alentadores. El 28 de julio de 1977 Madrid presentaba en Bruselas su solicitud de apertura de negociaciones para la adhesión de España a los Tratados de Roma. Poco después, el 20 de septiembre, el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas acordaba por unanimidad responder afirmativamente y encargaba a la Comisión la elaboración de un dictamen para el inicio de las negociaciones. Además, —y esto también era un indudable éxito— el 24 de noviembre, España ingresaba en el Consejo de Europa, antes de la aprobación de la Constitución de 1978, algo sorprendente por cuanto la previa existencia de un texto constitucional democrático parecía uno de los requisitos —si no formales, sí de hecho— que se exigía a otros candidatos. Europa confiaba en el proceso político español. Para dar mayor fuerza al objetivo europeo, el 10 de febrero de 1978 Suárez nombraba a Leopoldo Calvo Sotelo Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas. Un año después, el 5 de febrero de 1979, tenía lugar en Bruselas la sesión de apertura de las negociaciones para la adhesión que comenzaron realmente en septiembre.

Las autoridades madrileñas estimaban que España podría incorporarse con cierta rapidez a las Comunidades Europeas. No fue así. El proceso para su adhesión acabó convirtiéndose en un camino complejo, plagado de dificultades. Ya no se trataba de dudas políticas sobre la incierta democracia española sino de las repercusiones económico-sociales que para los países miembros suponía la presencia de España y Portugal justo cuando las Comunidades Europeas atravesaban importantes problemas internos e institucionales. Igualmente hoy sabemos que en el largo proceso de negociación hubo una vinculación con otros temas que de una u otra forma influyeron en el mismo: la relación entre ingreso en la Comunidad y la pertenencia y mantenimiento de España en el seno de la OTAN —en la que se ingresó en 1982, pero hasta 1986 no se definió claramente nuestra pertenencia ante el giro atlantista del PSOE y el triunfo ajustado del «sí» en el referéndum prometido—; la relación también con el reconocimiento del Estado de Israel que, precisamente, se producirá inmediatamente después del ingreso en la Comunidad; la relación entre la actitud de Francia y la lucha antiterrorista; o el «órdago» lanzado por el Gobierno de Suárez en la apuesta por una política neutralista y no alineada, como forma de presión para que se aceleraran las negociaciones en curso.

De una u otra forma, las largas negociaciones iban a terminar el 29 de marzo de 1985, tras resolverse las últimas complicaciones con Gran Bretaña, así como por dificultades en algunos capítulos, especialmente agricultura, pesca, asuntos sociales, Canarias y recursos propios que serán, precisamente, los últimos que se cerrarán en unos largos días de dura negociación en Bruselas. El apoyo de la República Federal de Alemania y, en el último semestre negociador, de Italia debe ser también destacado en este proceso.

De forma solemne en Lisboa primero y Madrid después, el 12 de junio de 1985 se firmaban los Tratados de adhesión de España y Portugal. Tras el proceso de ratificación, el 1 de enero de 1986, se convertían en miembros de pleno derecho. Nacía así la Europa de los Doce, muy diferente de la reciente Europa de los Veintisiete. Nosotros llegábamos al final de un largo camino y, de una forma u otra, «España ya estaba en Europa» como rezaban las portadas de los principales periódicos nacionales.

La firma del Tratado de adhesión permitió escribir posteriormente al Ministro español de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, que sustituyó a Fernando Morán, unas palabras que creemos resumen muy bien el sentir de la sociedad española con respecto a lo que significaba el ingreso en la Comunidad Europea:


«España ha adquirido con la adhesión a las Comunidades Europeas una nueva posición internacional con la que podrá actuar con mayor eficacia. La democracia española se ha visto reforzada, con lo que se hace posible desarrollarla en el sentido avanzado que convoca nuestra Constitución. La libertad económica que representan las Comunidades para estimular la productividad y capacidad de innovación de nuestro país es muy importante, así como las garantías sociales que ofrece la Comunidad para reforzar el sentido solidario de la sociedad española».

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